Hoy estamos de estreno. Por primera vez, un colaborador se ha animado a escribir un artículo para publicarlo en nuestro blog y compartir su visión con todos nosotros. Se trata de Guillermo Areán Fernández, un profesional con más de 15 años de experiencia trabajando en la intersección entre tecnología, estrategia y sector público. A lo largo de su carrera, Guillermo ha liderado proyectos de transformación digital en organizaciones públicas, destacando su etapa como Director de IT de la Dirección General de Tráfico (DGT). Actualmente, es el fundador de Attico, un proyecto orientado a ayudar a las organizaciones a entender el funcionamiento del sector público. Cree firmemente que la tecnología, bien gobernada y aplicada con criterio, puede mejorar de forma real cómo las administraciones sirven a los ciudadanos. Os dejo con sus reflexiones:

Según el informe Digital Decade Country Report 2026, de la Comisión Europea, España se sitúa a la vanguardia de la Unión Europea en el desarrollo de servicios digitales para el ciudadano.

Es un buen punto de partida: hoy en día, una gran parte de los trámites, tanto para personas físicas como para empresas, pueden realizarse ya de forma digital. Sin embargo, esto no significa ni mucho menos que el camino esté completo.

El propio informe europeo señala, por ejemplo, la necesidad de mejorar la digitalización de los servicios públicos entre regiones para reforzar la interoperabilidad y evitar desequilibrios territoriales, especialmente en ámbitos como la justicia. Esa recomendación no es un caso aislado: apunta a un problema de fondo que atraviesa buena parte de la administración electrónica española.

Administraciones que caminan cada una por su lado

Uno de los grandes retos pendientes es la falta de coordinación entre administraciones, e incluso dentro de las mismas. Con frecuencia, cada organismo desarrolla sus propios servicios digitales de manera unilateral, sin comprobar si ya existe un servicio común, una plataforma compartida o una fuente de información de otra administración que podría cubrir esa misma necesidad. El resultado es visible: prácticamente todas las administraciones cuentan hoy con su propia aplicación móvil, lo que multiplica el esfuerzo de desarrollo y fragmenta la experiencia del ciudadano, que debe aprender a moverse por decenas de plataformas distintas en lugar de una sola.

¿Tiene sentido que la Junta de Andalucía desarrolle su propia carpeta ciudadana cuando ya hay una Carpeta Ciudadana centralizada que ofrece mucha información? ¿Por qué duplicar los canales para el ciudadano? En mi opinión, lejos de favorecer al ciudadano, le estamos volviendo loco.

Centralizar el acceso: la solución

Frente a la dispersión de apps, portales y sistemas de notificación, la centralización se perfila como la solución natural. La Carpeta Ciudadana, como punto único de acceso a trámites, notificaciones y documentación, debería consolidarse como la puerta de entrada de referencia a toda la administración electrónica, en lugar de convivir con decenas de soluciones paralelas.

Identidad digital: la puerta de entrada que sigue atascada

Antes de poder hacer cualquier trámite, el ciudadano necesita identificarse. Y ahí es donde surge otro de los cuellos de botella más importantes. Obtener un certificado digital, activar el DNI electrónico o registrarse en Cl@ve sigue siendo un proceso complejo para una parte considerable de la población. Esta complejidad no es un simple inconveniente técnico: deja desamparados a determinados colectivos y abre la puerta a soluciones informales poco deseables, como locutorios que gestionan el certificado digital en nombre del ciudadano y cobran por ello, en muchos casos porque conseguir cita previa para hacerlo de manera oficial resulta prácticamente imposible.

En este ámbito también la diversidad territorial hace más compleja la elección: Chave365, BAKQ, idCAT e Identifica, en Galicia, Euskadi, Cataluña y Madrid respectivamente, se suman a Cl@ve, así como a los certificados digitales y el DNI electrónico, como alternativas para el acceso a los servicios digitales. El problema de los servicios autonómicos es que dan la opción al ciudadano de acceder a sus servicios, pero no le permiten, con esos mismos sistemas, acceder a servicios de otras administraciones con las que se relacione. ¿Tiene esto sentido? En mi opinión, ninguno.

En el ámbito de las credenciales digitales, como el carnet de conducir, el carnet universitario, el DNI digital o la tarjeta sanitaria, tienen en el horizonte la puesta en marcha del EUDI Wallet, establecido por el reglamento eIDAS2, que obligará a tener un único wallet nacional para reunir todas las identificaciones. Veremos cómo acaba esto.

Simplificar de verdad: menos papeleo, más cruce de datos
 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que digitalizar un trámite no es lo mismo que simplificarlo. A día de hoy, muchos procedimientos ya están disponibles online, pero siguen siendo complejos de completar, bien por toda la documentación que se pide, o a veces simplemente por el lenguaje que se utiliza. A diferencia de UK, en España la norma es poner largos textos explicativos en los procedimientos o hacer referencia a las normas que los sustentan, lo que contribuye claramente a la dificultad en los procesos administrativos.

Por eso son necesarias dos líneas de trabajo paralelas: simplificar tanto el trámite como la tramitación, y avanzar de forma decidida en el cruce de información entre administraciones, de manera que el ciudadano no tenga que aportar más documentación que la estrictamente necesaria.

La cita previa: el cuello de botella que la digitalización aún no resuelve
 

Sigue habiendo problemas de cita previa en muchos organismos públicos para trámites que, en muchas ocasiones, podrían hacerse de manera digital. El canje del permiso de circulación en la DGT es un buen ejemplo: ha sido un trámite complejo de digitalizar debido a la necesidad de entregar el permiso extranjero antes de expedir el nuevo. Una vez hecho, se ha resuelto en parte el problema de la cita, pero ahora el siguiente reto es que el ciudadano se dé cuenta de que puede hacer el trámite de manera digital o evitar que acuda a la jefatura para algo que puede hacer desde casa. Esto implica inversión en difusión pero también reforzar vías alternativas, como la colaboración social.

Reforzar la colaboración social como opción, no como parche

 
No todo pasa por que el ciudadano haga el trámite por sí mismo. Muchas personas, aunque podrían completar un procedimiento de forma autónoma, prefieren acudir a un profesional. La administración debería reforzar esta vía como un elemento opcional dentro del sistema, no como una solución de último recurso. Además, la colaboración social —aunque sea un servicio de pago— permite a la administración llegar a zonas donde de otro modo sería muy difícil hacerlo, como las zonas rurales, donde los ciudadanos a menudo deben desplazarse hasta la provincia más cercana para completar un trámite. En estos casos, un tercero confiable, puede ayudarte a llevar a cabo el trámite. En este punto, un tema importante es abordar de manera única el proceso de colaboración social que a día de hoy es diferente en función de la interpretación que cada administración ha dado al artículo 5.7 de la ley 39/2015. Es necesario unificar este procedimiento.

El ritmo de las pymes también cuenta

Sistemas como Verifactu están suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para muchas pymes, obligadas a cambiar o adaptar sus sistemas de facturación en plazos ajustados, con el coste y la complejidad que eso conlleva. Cualquier estrategia de digitalización debe tener en cuenta este ritmo de adaptación, ofreciendo acompañamiento real y plazos razonables.

Transparencia: la otra cara de la administración electrónica

Por último, un reto que suele quedar en un segundo plano es el de la transparencia. La administración electrónica no debería entenderse únicamente como la prestación de un servicio al ciudadano, sino también como la puesta a disposición de ciudadanos y empresas de información y datos públicos que permitan mejorar la calidad de los servicios públicos. Datos de contratación, registros de empresas, datos de tráfico o de movilidad son ejemplos de información que, abierta y accesible, puede generar valor mucho más allá del trámite individual.

Conclusión

España parte de una posición sólida dentro de la Unión Europea, pero el margen de mejora sigue siendo amplio. Avanzar hacia una administración electrónica realmente centrada en el ciudadano exige actuar en varios frentes a la vez: coordinar a las administraciones para evitar duplicidades, unificar la identidad digital, simplificar la tramitación, reforzar la colaboración social como una opción real y accesible, y apostar por la transparencia y los datos abiertos como parte integral del servicio público.